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Compromiso de Lima "Gobernabilidad democrática frentea la corrupción", adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio durante la VIII Cumbre de las Américas, realizada en Lima los pasados 13 y 14 de abril.

DECLARACIÓN

3er Encuentro de la Red de Parlamento Abierto:

Estados abiertos para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción

Lima, Perú | 11-12 de abril de 2018

Parlamentarias y parlamentarios representantes de 25 países de las Américas y el Caribe, nos reunimos en Lima, Perú, los días 11 y 12 de abril de 2018, con ocasión del 3er Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, realizado en el marco de la VIII Cumbre de las Américas.

Durante este encuentro, dialogamos respecto a la gobernabilidad democrática frente a la corrupción y al importante rol que el poder legislativo ostenta frente a esta problemática. Las sesiones de trabajo y diálogos sostenidos nos permitieron intercambiar valiosas experiencias y conocimientos, respecto a iniciativas inspiradas en los pilares de parlamento abierto que nuestros parlamentos vienen adoptando con el objetivo de luchar contra la corrupción en todas las ramas del poder público. Asimismo, discutimos respecto a la importancia de impulsar iniciativas que promuevan la ética y la probidad en el ejercicio de las funciones parlamentarias; al desarrollo de mecanismos dirigidos a empoderar a las mujeres como actores centrales en el fortalecimiento de la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción; y a la definición de lineamientos para la elaboración de planes de acción de parlamento abierto, que vienen siendo cocreados con la sociedad civil.

Teniendo en cuenta lo anterior y,

Reconociendo:

Que la corrupción es uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo, ya que repercute negativamente en el desarrollo económico y social de nuestros países; profundiza las desigualdades sociales y limita el acceso a servicios y bienes públicos; erosiona la confianza ciudadana en el sistema político y deslegitima las instituciones democráticas, y además pudiera obstaculizar el logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Que las mujeres, los pueblos indígenas, así como los grupos tradicionalmente marginados son afectados en mayor proporción y/o de manera diferente por la corrupción, y que su capacidad para denunciar prácticas corruptas pudiera estar limitada por las dinámicas de poder y otros factores sociales.

Que los acuerdos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), reconocen el alcance internacional de la corrupción y tienen como propósito promover y facilitar la cooperación entre Estados en la lucha contra este fenómeno. 

Que el poder legislativo juega un rol primordial en la lucha contra la corrupción a través del ejercicio de sus facultades de representación, de legislación y de control político de las acciones de la administración pública; así como en la adopción y el desarrollo de marcos normativos relativos a los tratados y acuerdos internacionales que abordan su lucha.

Que en los Estados abiertos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial emprenden conjuntamente esfuerzos transversales para fortalecer la gobernabilidad en favor de medidas anti-corrupción, a través de instituciones más transparentes, que rindan cuentas y que involucren a la ciudadanía, en colaboración con la sociedad civil, y en línea con los principios que promueve la Alianza para el Gobierno Abierto.  

Que los parlamentos tienen la responsabilidad de liderar con su ejemplo las iniciativas contra la corrupción, promoviendo acciones en favor de la apertura legislativa, facilitando así la interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo, y garantizando el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, los altos estándares éticos y probidad en la labor parlamentaria, así como la participación de mujeres de diversos entornos socioeconómicos, con el propósito de que sus puntos de vista sean considerados dentro de las iniciativas legislativas que busquen contrarrestar la corrupción y las desigualdades sociales que puedan ser exacerbadas por la misma. 

Que los planes de acción de parlamento abierto cocreados entre los parlamentos y la sociedad civil, son un mecanismo útil para avanzar en iniciativas que promuevan los principios de apertura legislativa y que contribuyan al empoderamiento de la ciudadanía para exigir cuentas a sus gobernantes y representantes, y de esta forma, enfrentar a la corrupción. 

Que los avances en las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la manera en que la ciudadanía interactúa y se relaciona con las instituciones públicas, y que la utilización de estas tecnologías es indispensable para modernizar y mejorar la efectividad y la transparencia de los procesos parlamentarios, para intercambiar información con la ciudadanía, y para facilitar su participación en la labor parlamentaria. 

Que la diplomacia y la cooperación entre parlamentos y entre las y los legisladores, en cuestiones relacionadas con la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de actos de corrupción, pueden consolidar el apoyo político necesario para extender dicha cooperación a nivel de gobiernos nacionales; y que el intercambio de mejores prácticas legislativas puede contribuir a la adopción de legislaciones nacionales más eficaces. 

Nos comprometemos a:

1. Adoptar legislación, marcos regulatorios y/o prácticas que puedan ser eficazmente aplicadas y promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los más altos estándares éticos para la gobernabilidad de nuestras instituciones.

2. Promover la colaboración multipartidaria para la adopción de iniciativas legislativas que contribuyan a la prevención y a la lucha contra la corrupción, incluyendo, pero no limitándose, la protección de denunciantes, testigos y personas involucradas en la investigación de actos y casos de corrupción; y el financiamiento y gastos de organizaciones y partidos políticos.

3. Promover una perspectiva de género e intercultural en toda reforma o medida legislativa contra la corrupción, teniendo en cuenta que esta afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y que por lo tanto es necesario considerar el impacto y efectos que toda iniciativa legislativa que aborde esta problemática pueda tener sobre este grupo poblacional; contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

4. Facilitar la cooperación entre Estados en la lucha contra la corrupción a través de la implementación de los acuerdos y mecanismos internacionales existentes, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

5. Fortalecer las relaciones interinstitucionales en aras de desarrollar respuestas legislativas integrales que permitan frenar la corrupción, promoviendo los principios y valores de la Alianza para el Gobierno Abierto, y emprendiendo acciones dirigidas a avanzar la agenda de gobierno abierto desde el parlamento.

6. Fomentar la integridad pública a través del fortalecimiento de nuestros códigos de conducta parlamentaria, de la reglamentación de los conflictos de intereses, y del desarrollo de mecanismos que permitan prevenir las desigualdades, la discriminación basada en el género y etnia, y el acoso en el parlamento.

7. Impulsar la elaboración y la implementación de planes de acción nacionales de gobierno abierto, incluyendo los planes de acción de parlamento abierto y otros mecanismos desarrollados conjuntamente con la sociedad civil; y ejercer nuestro rol fiscalizador sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en dichos planes.

8. Fomentar la transparencia, la responsabilidad y la apertura a la ciudadanía de nuestros parlamentos, empleando tecnologías de la información y la comunicación para facilitar y fortalecer su interacción con el público, y el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control.

9. Procurar la adopción de medidas prioritarias acordadas por nuestros Estados en la declaración final de la VIII Cumbre de las Américas, acompañando el cumplimiento de dichos compromisos por parte de nuestros respectivos gobiernos.

10. Fortalecer la cooperación interparlamentaria, fomentar la cooperación intergubernamental y el intercambio de mejores prácticas legislativas relativas a la lucha contra la corrupción en nuestro hemisferio.

Suscrita en Lima, Perú, el 12 de abril de 2018

El 17 de abril de 2018, el Presidente de la República del Perú, señor Martín Vizcarra, promulgó la Ley Marco sobre Cambio Climático, siendo la primera en Sudamérica luego de la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2016. La Ley fue aprobada por el Congreso de la República del Perú el pasado 15 de marzo. 

El Embajador del Perú en Tailandia participó en la presentación de la traducción al tailandés del libro “La Fiesta del Chivo” del escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, realizado por la Editorial Bodthajorn y llevado a cabo en la Universidad Thammasat.

En sus palabras, el Embajador peruano agradeció y felicitó la iniciativa de la Casa Editorial de realizar la primera traducción de una novela de un autor peruano al tailandés. Asimismo, señaló que la difusión de literatura peruana en idioma tailandés es la mejor manera de conocer y acercar a nuestras culturas y pueblos. ​

Más fotos

Con el objetivo de dar a conocer los atractivos turísticos del Perú en el exterior, el pasado 27 de marzo, nuestra Embajada en Tailandia organizó la reunión del Club Internacional de Mujeres, que tuvo como anfitriona a la esposa del Jefe de la Misión Diplomática peruana en el país asiático. Durante la reunión se expuso sobre los atractivos turísticos del Perú, la gastronomía e historia.